Tierra para las que la trabajan
Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. Así lo comprobamos LatFem y We Effect con la investigación Ellas alimentan al mundo: tierra para las que la trabajan, que desarrollamos durante 2021 en esos cinco países. Aquí compartimos tres de esas historias que reflejan cómo ellas habitan la paradoja de ser la mitad de la fuerza de producción de alimentos en el mundo sin ser dueñas de la tierra que carpen a diario.
HONDURAS
Yasmín López creció defendiendo a la tierra. Y no es una metáfora: de niña vivió en un asentamiento campesino ubicado en el departamento hondureño de Santa Bárbara, donde 35 familias luchaban por recuperar los terrenos que les pertenecían. Allí sembraban y cosechaban la milpa, el sistema de agricultura de las comunidades campesinas para cultivos sustentables. Habían sido desalojadas violentamente a comienzos de la década del ´90, durante el gobierno del entonces presidente Rafael Callejas, quien derogó la ley de Reforma Agraria y aprobó la ley de Modernización Agrícola. Esa violencia es una constante en la biografía de Yasmín, que hoy tiene 38 años y es Coordinadora General del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA): en abril de 2021, un grupo armado fue a buscarla a la sede del Consejo, después de denunciar corrupción y malversación de fondos por parte de funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. Ella no estaba en el lugar; el grupo maniató a sus compañeras y se robó las computadoras. La organización tuvo que cambiar de oficina y Yasmín asegura que ya no puede llevar la vida que tenía antes de esta amenaza, aunque el miedo lo haya vencido en el camino.
“Los desalojos violentos han sido históricos en este país. Con el golpe de Estado en el 2009 se profundizó esta técnica que ya venía dándole resultado a los gobiernos neoliberales, que ha sido una forma de perseguir a los líderes y a las lideresas. La lucha por la tierra en Honduras es una cosa bien difícil, pero es también un tema de sobrevivencia”
La reconstrucción de su vida es una puja entre las violencias estatales y la supervivencia. A la pequeña Yasmín la criaron sus abuelas. Como su mamá trabajaba en una maquila, fue su abuela materna primero, y paterna después, quienes se ocuparon de su crianza. A los 15 años, ya en Copán, Yasmín fue parte de la fundación del Frente Juvenil Campesino de Honduras y ahí comenzó su camino junto a organizaciones populares que reivindican los derechos humanos y la producción alimentos sanos en territorios ancestrales.
“CODIMCA ha sido mi universidad: hemos compartido experiencias y conocimientos con las mujeres en el campo y ha sido una fortaleza importante”, agrega la referenta campesina. Ella es una de las 6.500 afiliadas a CODIMCA, organizadas en 380 grupos de base en 8 departamentos de Honduras.
En un país donde el 70% de la población vive bajo la línea de pobreza, las organizaciones campesinas, indígenas y garífunas hondureñas que buscan garantizar por sus propios medios el derecho a la alimentación son criminalizadas a diario por enfrentar el avance de empresas transnacionales. Estas empresas, en connivencia con un Estado corrompido desde el golpe de 2009, pretenden instalar proyectos extractivistas, como las hidroeléctricas y el monocultivo de palma, o emprendimientos inmobiliarios. A esto se han enfrentado en los últimos años Berta Cáceres junto al COPINH en Río Blanco, Marianela Mejía y la OFRANEH en Trujillo, y Yasmín con CODIMCA.
Desde los territorios, ellas están en la primera línea de resistencia a los desalojos no solo frenando ataques de machetes y balas, también mediante la producción agroecológica. Como en otros ámbitos, las dificultades se duplican cuando se trata de identidades feminizadas: las familias campesinas se ven obligadas a rentar las parcelas para acceder a tierras productivas. Incluso una organización histórica como CODIMCA tiene que alquilar para producir, con el desafío de mejorar la calidad de los suelos y la dificultad para garantizar la sostenibilidad en la producción de alimentos. Ellas producen en parcelas pequeñas que mejoran por sus técnicas de agroecología, pero son otros quienes se ven beneficiados de las mejoras.
“Como nosotras producimos libre de químicos, el suelo queda muy fortalecido. En mayo hacemos la milpa y en septiembre la postrera, para que esté en el verano. Cuando viene el dueño y ve que la tierra le ha quedado limpia y fortalecida con vitaminas, con calcio, con todo lo que le hacemos, dice: ‘Fíjese que esta vez no se la voy a alquilar porque la voy a hacer yo’. Entonces muchas veces a nosotras lo que nos toca es mejorar el terreno a otro”
“El Estado nunca le ha dado tierra a ninguna mujer en Honduras”
La lucha por la tierra ha sido históricamente uno de los principales conflictos socioambientales, económicos y políticos que se multiplica en América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo en distribución de la tierra. Según datos de OXFAM, más de la mitad de la tierra productiva en la región está concentrada en el 1% de las explotaciones de mayor tamaño. Esto significa que el 1% de los grandes productores utiliza más tierra que el 99% restante.
Esta concentración en pocas manos impacta aún más sobre las mujeres: sólo el 13% de las personas propietarias de tierras agrícolas a nivel mundial son mujeres y en América Latina, la cifra asciende al 18%, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La brecha de género en el acceso, control y titularidad de la tierra impacta directamente en el ejercicio del derecho a la alimentación, la autonomía económica y otros derechos sociales y culturales de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes, cuya labor en la producción de alimentos suele ser invisibilizada al ser considerada como parte de los trabajos de cuidados y reproductivos no remunerados.
GUATEMALA
“La lucha por la recuperación de la tierra es luchar ante la necesidad”, dice Ana Rosalía Tiul. Ella tiene 43 años y está en el proceso de adquirir una parcela del Fondo de Tierras del Estado de Guatemala. La ruta para el trámite comenzó a través del Comité de Unidad Campesina (CUC), la organización que integra desde hace cinco años. Al comienzo se sumó a participar porque necesitaba un empleo, un ingreso para la sostenibilidad de su familia, pero en el trayecto se identificó con las comunidades marginadas que, con el asesoramiento legal del CUC, logran “certezas jurídicas” para recuperar territorios ancestrales. Desde entonces vive en el municipio de Panzós, en Alta Verapaz, a menos de 300 kilómetros de la capital nacional. La historia de esta localidad está marcada por las disputas por la tierra: allí, el 29 de mayo de 1978, el Ejército guatemalteco abrió fuego con ametralladoras durante una marcha en la que indígenas q'eqchi' exigían el acceso a tierras y denunciaban los abusos de las empresas y terratenientes locales que operaban en la región. Este episodio se conoció como la Masacre de Panzós. La movilización había estado encabezada por Adelina Caal, conocida como Mamá Maquín, que fue asesinada junto a otras 51 personas. Hoy su figura es una referencia de lucha para las campesinas en Guatemala.
Ana Tiul | Foto: Archivo We Effect
Separada de su cónyuge y a cargo de tres hijos, Ana Rosalía resiste: quiere permanecer en la finca de 72 cuerdas (unas 3 o 4 manzanas de producción) donde cosecha maíz, plátano y yuca. No es fácil. “Lamentablemente el Estado nos tiene abandonados” y además “vivimos bajo el paradigma del patriarcado que no nos permite pensar a las mujeres como dueñas de la tierra, sino sólo al hombre como el que debe tener el mando en todas las pertenencias que existen a nuestro alrededor”, dice.
“La mujer indígena tendría que tener ese título de propiedad porque es ella la que se mantiene en el hogar, es ella la que lucha, es ella la que vela por la sostenibilidad de su familia, para que a los hijos no les haga falta nada, pero para adueñarse de sus tierras tiene que quedar viuda o divorciada o separada. Solo de esa manera la mujer puede lograr su tierra: no es lo mismo tener la co-propiedad con el esposo”
El CUC no compra tierras, acompaña los procesos de cada comunidad para intentar evitar desalojos y demandas. Al no contar con dinero suficiente ni ser destinatarias de programas estatales de créditos que les faciliten la compra de tierras, “muchas familias se retiran del proceso de conseguir tierras”, dice Tiul.
Ana Rosalía es una de las integrantes de CUC y Mamá Maquín que acompaña a 30 comunidades en Verapaz y a unas 75 comunidades en Polochic, en el departamento de Izabal, en sus procesos de organización para recuperar las tierras. Parte de acompañamiento implica la formación de liderazgos de mujeres y la capacitación en sistemas productivos ecológicamente sostenibles, mediante prácticas agroecológicas.
Además de la dificultad para acceder a terrenos que estén en condiciones para la producción de alimentos, ya que muchas veces el Estado entrega suelos inundables, muy afectados por sequías y huracanes (como ETA e IOTA, recientemente), las campesinas nucleadas en CUC resisten ataques de finqueros organizados que amenazan con desalojarlas, apoyados por las fuerzas de seguridad de Guatemala.
Para construir soberanía alimentaria, desde CUC exigen políticas públicas que incluyan la voz del campesinado y que las tierras que el Estado entrega cuenten con estudios previos que garanticen fertilidad para lograr buenas cosechas.
Por su rol como defensoras de la tierra y de los territorios en muchas ocasiones se ven expuestas a amenazas, hostigamientos, criminalización y desplazamientos forzados, entre una larga serie de violencias, incluida la violencia sexual, lo que convierte su activismo socioambiental en luchas de alto riesgo. El 30% de las mujeres consultadas en los 5 países denunció haber sufrido algún tipo de violencia por su defensa de la tierra y los territorios. De ellas, solo el 42% lo denunció y el 83% sintió que la denuncia no fue tomada en cuenta en su país.
Las historias de Yasmin, Ana Rosalía y Wilma evidencian la necesidad de garantizar el acceso a la tierra para las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de pueblos originarios en la región, con políticas públicas que incorporen la perspectiva de género y promuevan la titularidad de la tierra para las mujeres. Como ellas, todos los días y en todo momento, las mujeres rurales, campesinas, afrodescendientes, indígenas y de pueblos originarios en América Latina y el Caribe están llevando adelante acciones que ponen la vida en el centro desarrollando estrategias para defender el cuerpo-territorio y sembrar un nuevo mundo con justicia social, ambiental y de género. Todos los días y en todo momento, ellas alimentan al mundo.
Y porque ellas alimentan al mundo, es urgente: ¡tierra para las que la trabajan!
Fuente original: https://latfem.org/ellas-alimentan-al-mundo/?fbclid=IwAR1Wz2glPdluuo61xT7d5_h6VWmaGabrGSasWbeaXPrsCRn6hMGkNKB37fg
