Autora: Tatiana Romero
PLANETARESEÑAS
El 14 de octubre se estrenó en Netflix el documental ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’, dirigido por Carlos Pérez Osorio. En él narra la lucha de una madre mexicana, como muchas tantas, contra la impunidad en un país feminicida. El largometraje llega en un momento en que 137 mujeres son asesinadas diariamente en el mundo, 10 de ellas en México.
Cartel promocional de ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’
Todavía recuerdo el día en que mi mamá me llamó por teléfono y me dijo: “Tatiana, mataron a Marisela Escobedo”. Yo llevaba unos meses viviendo fuera de México y por unos minutos me quedé en shock.
-Pero, ¿qué pasó, mamá? ¿Cómo fue?
-Le pegaron un tiro en la cabeza mientras estaba en el plantón. Yo sabía que esto iba a pasar, pobre mujer.
Mi madre admiraba profundamente a Marisela Escobedo, así como admiraba a Norma Andrade, una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, a quien también intentaron matar dos veces entre 2011 y 2012. Siempre he pensado que no es solo admiración lo que mi madre siente, sino una empatía que nace de las entrañas, de las mismas que también le nació una hija y por la que haría exactamente lo mismo, exigir justicia. Hasta morir si es preciso.
El 14 de octubre se estrenó en Netflix el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo dirigida por Carlos Pérez Osorio, en él narra la lucha de una madre mexicana, como muchas tantas, contra la impunidad en un país feminicida. El largometraje llega en un momento en que 137 mujeres son asesinadas diariamente en el mundo, 10 de ellas en México. Usando la jerga del momento podríamos decir que, si a las mujeres no las mata la Covid-19, las matará su pareja, su padre, su hermano, su primo o su tío; no olvidemos que más del 80 por ciento de las mujeres asesinadas muere a manos de algún familiar cercano y en el ámbito doméstico. En México el 97 por ciento de los feminicidios quedan impunes.
Para entender el documental ciertamente no es necesario conocer el trasfondo de un sistema judicial podrido y corrupto como el mexicano, sin embargo, me gustaría hacer algunas puntualizaciones para contextualizarlo porque, aunque es un tema que actualmente nos atraviesa a todas las mujeres del planeta, en concreto el caso de Marisela y el de las madres mexicanas, es poco conocido. Los medios de comunicación suelen presentar los asesinatos como nota roja, más centrados en el sensacionalismo que en la lucha por la vida. Un breve repaso en torno al feminicidio en México como fenómeno social y problema de violencia estructural puede dar un cuadro más completo de lo que para muchas de nosotras es ser mujer joven en México, desde los años 90 cuando parecía que “las muertas de Juárez” era un caso aislado producto de un asesino en serie, hasta hoy, momento en que coger un taxi puede ser una sentencia de muerte.
Feminicidio
El término feminicidio deriva del inglés femicide, que surge en los años 70 gracias al impulso del movimiento feminista. Nace como una alternativa al neutro homicidio, esto con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que en su forma más extrema culmina en el asesinato. Estos asesinatos no son incidentes aislados, no surgen de repente de forma inesperada, son la lógica consecuencia de una vida bajo violencia continuada. En países en donde la violencia contra las mujeres es estructural, vivimos constantemente en el corredor de la muerte, siempre con el temor de ser ejecutadas.
El feminicidio o femicidio, hoy día utilizado indistintamente en los 12 países de América Latina que lo tienen tipificado en el Código Penal, se define como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión”. Esta tipificación fue impulsada en México por Marcela Lagarde desde 1994, resultando en la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sancionada en 2007 y finalmente siendo incorporado como delito en el Código Penal Federal en el 2012. En la propuesta de ley presentada al Congreso mexicano se especifica que, a aquella persona que cometa este delito se le impondrá una pena de 20 a 40 años además de las penas correspondientes por los delitos cometidos, ya sea homicidio, desaparición forzada, secuestro, mutilación, lesiones graves, trata de personas, tortura, abuso sexual, prostitución forzada, violación, esterilización forzada y discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencias sexuales o estado de gravidez.
En países donde la impunidad impera y la misoginia es ley, es radicalmente transformador que el delito incluya al Estado como perpetrador de un crimen, ya sea por acción u omisión. Este es justo el caso que presenta el documental y son cada una de las muertes de Marisela Escobedo. Primero, su hija muerta a manos de su pareja sentimental y desaparecida; después el Estado mexicano a través del Poder Judicial es perpetrador por omisión del delito de feminicidio al absolver al asesino confeso alegando falta de pruebas y finalmente, el asesinato de la propia Marisela frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, un espacio con cámaras de vigilancia y policía, un lugar que ella suponía seguro y que deja a la vista la implicación de las autoridades y del gobernador mismo en el caso.
Para quienes no conozcan a fondo esta materia, hay que hacer notar que en el Estado español no está tipificado el delito de feminicidio y, como bien menciona Elena Laporta de Feminicidio.net, no existe ni tan siquiera un debate social, político o jurídico abierto sobre el posible reconocimiento de este término y de sus implicaciones sociales, políticas y jurídicas. Tan solo existe la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que reduce el término “violencia de género” a aquella ejercida contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja sentimental.
Las muertas de Juárez y la sentencia del Campo Algodonero
Somos miles las mujeres que nos hicimos adultas con la larga sombra de Juárez encima. Las citadinas como yo, las que nos creíamos a salvo de la barbarie por estar a cientos de kilómetros y pertenecer a una clase privilegiada, poco a poco fuimos cayendo en cuenta que no se trataba de un caso aislado. Vivimos con angustia todas las suposiciones respecto a la autoría de los asesinatos, los detalles: violación, mutilación, tortura, y muchas nos sumamos a la lucha en contra de los feminicidios que desde entocnes ha estado liderada por las madres de las victimas.
En el 2001, nació Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización fundada por Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Anadrade, asesinada en febrero de ese año. Las acciones de protesta se multiplicaron, las madres se organizaron, se hizo evidente que era un fenómeno social y que tenía un marcado sesgo de clase, se trataba de mujeres jóvenes de clase trabajadora empleadas en la maquila, muchas de ellas migrantes del interior del país que veían en la frontera un lugar para mejorar su situación económica. Carne de cañón, ejército de reserva del capitalismo, parecían las víctimas perfectas, las últimas en el escalafón social. Sin embargo, el coraje de sus madres logró una de las hasta hoy sentencias paradigmáticas respecto al delito de feminicidio y que sirvió de precedente para su tipificación, el caso “González y otras (Campo Algodonero) vs México”. En 2002 se presentaron tres denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se acusaba al estado mexicano por negligencia en las investigaciones de los asesinatos de 3 mujeres cuyos cuerpos aparecieron en un páramo desierto conocido como campo algodonero, ellas eran: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. La Comisión Interamericana a su vez presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. La sentencia, ratificada en 2009 fue concluyente: el Estado mexicano conocía las condiciones de violencia en que vivían las mujeres en Ciudad Juárez desde 1993, por lo que, al no implementar las medidas necesarias para su erradicación mantenía la impunidad frente a los asesinatos. Así mismo se le responsabilizó por negligencia de las desapariciones y muertes cruentas de las 8 víctimas encontradas en el campo algodonero.
De 1993 al 2012 fueron asesinadas en Ciudad Juárez más de 700 mujeres
Con los años esas mujeres trabajadoras de la maquila se convirtieron en un símbolo para el movimiento feminista, la punta de lanza de una rebeldía que iba en aumento y que alcanzó su punto más alto en febrero de este año, cuando un grupo de feministas quemó las puertas del Palacio de Gobierno en protesta por el asesinato y descuartizamiento de Ingrid Escamilla.
Las otras Mariselas
“Yo soy una madre que me mataron a mi hija, soy una madre empoderada y feminista. Si estoy que me carga la chingada tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija […] La que quiera romper que rompa, la que quiera quemar que queme y la que no, que no nos estorbe”, estas fueron las palabras de Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, estudiante de 19 años asesinada en 2016. Al día de hoy no ha habido ninguna detención a pesar de que en las uñas de María de Jesús se encontraron restos de piel del asesino, uno de sus profesores en la universidad. Las declaraciones de Yesenia coinciden con una manifestación feminista en la Ciudad de México en la que se hicieron pintadas en monumentos, se quemaron autobuses y se rompieron escaparates. Estas acciones fueron duramente castigadas por una sociedad misógina y patriarcal, para la que una pared vale más que la vida de una mujer. Esas no son las formas -decían-, sin tomar en cuenta que ya no hay más formas en las que podamos hacernos escuchar, porque las caminatas no son suficientes, las manifestaciones tampoco, las protestas “pacíficas” tampoco y el miedo con el que vivimos las mujeres hace la vida cada día menos vivible. A Marisela Escobedo le pegaron un tiro mientras realizaba un plantón fuera de la sede del gobierno de Chihuahua, porque ella decidió actuar desde la legalidad, sin más protección que sus convicciones.
El 3 de mayo del 2017, Lesvy Berlín Osorio apareció extrangulada en el campus de Universidad Nacional Autónoma de México y en un primer momento se dijo que se había suicidado a pesar de las evidencias de violencia y de la existencia de un video en el que su pareja sentimental, Jorge Luís González la golpeaba. Aracely Osorio, madre de Lesvy emprendió una lucha que culminó dos años más tarde del feminicidio de su hija, el 18 de octubre del 2019 se condenó al asesino a 45 años de prisión. La Procuraduría de Justicia se vio forzada a pedir perdón a la familia por las irregularidades en la investigación y el proceso de acceso a la justicia. Una sentencia histórica y un triunfo para el movimiento feminista.
En junio de este año se cumplieron 10 años del asesinato de Mariana Buendía Luna, primer feminicidio en México que atrajo la Suprema Corte de Justicia, su madre, doña Irinea Buendía, es otra de las madres que, desde la palestra pública, lucha por que se haga justicia. El asesino de su hija está desde hace 4 años en prisión, pero aún no se dicta sentencia, se ha cambiado de juez seis veces durante estos años. De poco sirve que se haya tipificado como feminicidio si el proceso está plagado de irregularidades. La legislación en México es papel mojado y la impunidad es moneda de cambio. Aunado a esto, el peso del crimen organizado alcanza todas las esferas de poder, desde altos funcionarios como gobernadores y fiscales, hasta policías o militares. En un narcoestado como México, el 60 por ciento de los feminicidios son perpetrados por miembros de organizaciones delictivas.
La historia de Marisela Escobedo es la de todas las víctimas de feminicidio y de sus familias también víctimas, es una historia universal, es el retrato de una mujer valiente, a la que la Justicia le falló 3 veces. Primero en el 2008 cuando su hija Rubí Marisol fue asesinada por Sergio Barraza, pareja sentimental de Rubí y padre de su hija. La segunda en 2009 cuando el asesino confeso fue absuelto por “falta de pruebas” y la tercera la noche del 16 de diciembre del 2010. Marisela Escobedo es un símbolo, el símbolo de la indignación, de la rabia y también del miedo.
Este texto está dedicado a Alí Desiree Cuevas Castrejón, querida compañera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM quien fue asesinada de 26 puñaladas por Osvaldo Morgan Colón el 20 de septiembre del 2009, día de su cumpleaños número 24. Alí somos todas.
