Violencia económica: El costo de la desigualdad de género

Violencia económica: El costo de la desigualdad de género

Limitar los ingresos o el acceso de las mujeres al mercado laboral son ejemplo de abuso económico, pero expertas señalan que también hay formas más sutiles de dominio en este ámbito, como otorgar a la mujer toda la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados.

Una docente de la Secretaría de Educación Chihuahua recurrió al refugio Sin Violencia, en Ciudad Juárez, para escapar de su entonces pareja y agresor. Elia Orrantia Cárdenas, fundadora y directora de la organización, recuerda que le asombró aquel caso, pues se trataba de una maestra con un nivel académico alto, que ganaba cerca de 40 mil pesos mensuales por contar con dos plazas, pero que no tenía acceso a sus ingresos ni a sus tarjetas bancarias.

“Él manejaba todo, incluso las claves de acceso a la plataforma de la Secretaría de Educación”, cuenta Orrantia en entrevista.

Para ayudar a la profesora, las trabajadoras de Sin Violencia se acercaron con representantes del banco y de la dependencia pública para explicar la situación. Después de varias gestiones, lograron devolverle el control de sus finanzas personales y su autonomía.

Cuando se habla de violencia económica, comenta Orrantia, se piensa que le sucede a mujeres de bajos niveles educativos que pueden ser más fácilmente engañadas, pero no es así.

“Por la dependencia emocional de las mujeres en el amor romántico, seguimos viendo muchos casos en que los hombres deciden en qué y cómo se va a gastar”.

La organización Women’s Law define la violencia económica como una forma de violencia doméstica que incluye acciones como la retención o el robo de dinero y la restricción del uso de los recursos económicos.

“Cuando los roles de género afectan el control y acceso a los recursos y reducen la capacidad de las mujeres para actuar y tomar decisiones, se incrementa su vulnerabilidad a la violencia, incrementando la brecha de desigualdad de género y económica”, señala por su parte la organización Oxfam México.

En la experiencia de Orrantia, en todos los casos de mujeres que llegan al refugio tras ser agredidas —ya sea física, sexual o psicológicamente—, hay también alguna manifestación de violencia económica.

“La más común o visible es cuando los agresores las privan de oportunidades laborales, formales o informales, por presencia de celos, o por establecer un dominio, y no las dejan trabajar, aunque no tengan ni para alimentos o medicinas de los hijos”, explica.

Otra práctica común de los agresores consiste en sacar créditos o préstamos a nombre de sus parejas. Cuando finalmente ellas logran huir, se quedan endeudadas.

“La violencia económica es la mejor manera en que el agresor puede garantizar su dominio. Ellas muchas veces no tienen dinero ni para hacer una llamada ni para tomar un autobús si tienen que salir huyendo”, agrega la activista, quien desde 2003 se dedica a ayudar a mujeres violentadas de diversas formas.

El refugio Sin Violencia, que pertenece a la Red Nacional de Refugios, cubre todas las necesidades de las mujeres agredidas en su hogar. Pero además busca que ellas sean capaces de garantizar su independencia financiera, pues una de las principales razones por las que permanecen con el agresor es la dependencia económica.

Orrantia cuenta que su organización mantiene convenios con distintas empresas –entre ellas varias maquiladoras–, que contratan a las mujeres una vez que salen del refugio. También menciona que Sin Violencia ha sido beneficiaria del programa Spotlight de ONU Mujeres, el cual otorga transferencias directas de 3 mil pesos durante tres meses a las egresadas.

“Es una iniciativa para replicar, porque las mujeres al salir del refugio tienen un trabajo formal, pero también un apoyo extra”, señala Orrantia, quien considera que hacen falta más apoyos gubernamentales de este tipo para que las egresadas de los refugios puedan recuperar su autonomía y sacar adelante a sus familias.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, dos de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido violencia económica por parte de sus parejas a lo largo de su relación.

Pero la definición de violencia económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no contempla una de las formas más normalizadas de la desigualdad de género: dejar en manos de las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, una cuestión estrechamente relacionada con el uso del tiempo propio y la administración de los recursos.

La misma Endireh 2016, en una sección dedicada a roles y estereotipos de género, revela que nueve de cada 10 mujeres consideran que los hombres deben encargarse, igual que ellas, de las tareas de la casa y de los cuidados de niñas, niños, personas enfermas y ancianas. Y casi 70% de las encuestadas cree que las mujeres deben ser igual de responsables que los hombres en traer el dinero a casa.

Sin embargo, las mujeres en México dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres a las actividades no remuneradas, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019.

Para la académica María Edith Pacheco, coordinadora del libro Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, el hecho de que una mujer no pueda decidir de manera autónoma en qué trabajar o cómo manejar su tiempo o su dinero se enmarca en un ejercicio de violencia implícita relacionada con patrones culturales.

“La división sexual del trabajo es una clara expresión de desigualdad y un ejercicio de no-autonomía para decidir quién cuida a quién y quién realiza el trabajo doméstico”, comenta en entrevista la profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México.

En su opinión, esta desigualdad es la expresión de una organización social violenta, que se encuentra muy arraigada porque la sociedad ha sido educada para normalizar y creer que es parte de la dinámica de vida de las personas, agrega.

Edith Pacheco, investigadora de El Colegio de México. Foto: Cortesía

“No es un asunto de agresión física, como suele pensarse la violencia; por eso el termómetro de la violencia es central, para comprender que hay manifestaciones de violencia que no son tan claras”, señala Pacheco, especialista en la relación entre género, familia y mercado de trabajo.

Las desigualdades laborales y económicas tienen consecuencias a corto y largo plazo para las mujeres. El hecho de que no se inserten en el mercado laboral en la misma proporción que los hombres, menciona la investigadora, tiene un efecto muy costoso al final de la vida de ellas, pues se quedan sin derecho a una jubilación si no cotizaron lo suficiente; o si tuvieron que entrar y salir del mercado laboral para cuidar de otras personas.

Otra consecuencia tiene que ver con la segregación o discriminación en el lugar de trabajo. Pacheco comenta que los empleadores muchas veces prefieren contratar hombres que mujeres, pues se asume que ellas tendrán que ausentarse más por el cuidado de los hijos.

Finalmente menciona la precarización, que también puede afectar a trabajos masculinizados, pero que tiene mayor impacto en los trabajos feminizados por las desigualdades de género. El caso más evidente, dice la académica, es el de las trabajadoras del hogar, un trabajo que sostiene muchas de nuestras vidas pero que no es reconocido socialmente”.

Pacheco es una de las académicas que colabora activamente en la Red de Cuidados de México y en la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio de las Mujeres, organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC). La iniciativa que hace corresponsable al Estado de las labores que sostienen la vida ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, y falta que sea aprobada por el Senado de la República para su puesta en marcha.

En opinión de esta investigadora, el gran reto para el diseño del SNC, una vez que sea aprobado, es la designación de un presupuesto de género destinado a reducir los tiempos globales de trabajo.

Pacheco también considera fundamental la educación para avanzar hacia un cambio cultural: “Tenemos que aprender que este tipo de organización desigual no nos viene bien a nadie para desarrollar nuestras capacidades y potencialidades (…) No es un tema de ellos contra ellas, sino de cambiar una forma de organización social que nos lleva a procesos de discriminación, segregación y violencia”.

Toda la información e imágen son de ARISTEGUI NOTICIAS / Eugenia Coppel, periodista independiente.

Fuente original: https://aristeguinoticias.com/

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La Plataforma Regional Género y Metodologías es un espacio de comunicación e intercambio cuyo propósito es contribuir a fortalecer los procesos de cambio hacia relaciones de género justas y sostenibles en la región centroamericana. La Plataforma es administrada por el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja-Costa Rica.

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