La sobrecarga del trabajo sanitario y servicios esenciales, la mayor responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, la mayor pobreza y precariedad laboral y el aumento del riesgo de sufrir violencia de género son los principales factores que incrementan el impacto de la crisis sobre las mujeres
El mayor impacto del virus sobre las mujeres, que están en primera línea de respuesta a la enfermedad, se debe principalmente a tres aspectos:
La sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales. En España, según la EPA, las mujeres representan el 66% del personal sanitario. Concretamente, el porcentaje de mujeres es de 84 % en enfermería, el 72 % en farmacia, el 82 % en psicología y el 84 % del personal de residencias para mayores y personas dependientes, donde se han dado los casos más graves y mayor número de fallecimientos. Además, son mayoría en sectores del comercio de alimentación y de los servicios de limpieza hospitalaria y de residencias que son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones. A estos colectivos profesionales se suman las empleadas de hogar y cuidadoras, que asumen una importante parte de los cuidados de las personas dependientes.
La responsabilidad de las tareas de cuidados. En el ámbito privado, las mujeres asumen la mayor parte del trabajo doméstico y el 70 % de las tareas de cuidados. A la desigualdad y dificultad habitual en conciliación y falta de corresponsabilidad, se ha unido el cierre de centros educativos y el teletrabajo, aumentando la sobrecarga en este ámbito. Especialmente afectadas se han visto las familias monoparentales, de las que 8 de cada 10 están encabezadas por mujeres
La mayor pobreza y precariedad laboral que sufren las mujeres. Esto las sitúa en peor situación para afrontar una nueva crisis y un nuevo mercado de trabajo. Además de que algunos de los sectores más afectados, como el comercio, turismo y hostelería, están altamente feminizados, a esta perspectiva hay que sumarle el factor de desempleo en España, que también afecta en mayor medida a las mujeres, así como las condiciones de precariedad laboral con respecto a los hombres.
En cuanto a las trabajadoras del hogar, uno de los grupos más precarizados y desprotegidos, la existencia del despido por desistimiento, la falta de acceso a la prestación por desempleo y también su elevado nivel de exposición al contagio las convierte en uno de los colectivos más vulnerables, sobre todo considerando el elevado porcentaje de ellas que permanecen en la economía informal. Además, en este último mes se han producido un 3’3 % menos de altas en la Seguridad Social, y en general, el paro femenino ha aumentado un 6,5%, y continúa siendo considerablemente superior que el masculino.
En cuanto a la implantación del teletrabajo, el informe apunta a que éste también debe establecerse teniendo en cuenta el enfoque de género y atendiendo al principio de corresponsabilidad, ya que si no todo el peso de los cuidados recaerá, sin ninguna duda, sobre las mujeres, que deberán compaginarlo todo en el mismo espacio y al mismo tiempo.
Pero uno de los datos que, según ha recogido el informe, más preocupan- y gravemente - en relación con la situación de las mujeres, ha sido el aumento del riesgo de violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres derivado de la situación de reclusión en los hogares. Los datos de llamadas y consultas online al 016 durante el confinamiento muestran este impacto al aumentar las demandas considerablemente: según los datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, durante la primera quincena del mes de abril con respecto a la primera quincena del mes de marzo, en 2020, en el caso de las llamadas se ha producido un incremento del 48 %, que asciende hasta el 733,3 % en el caso de las consultas online. Comparando el periodo del 14 de marzo al 15 de abril de 2020 y 2019, los incrementos han sido del 31 % en el número de llamadas y del 443,5 % en el de consultas online, lo que demuestra un claro aumento de situaciones de violencia en muchas casas.
Familias monomarentales: necesidad de políticas públicas que protejan los cuidados y la conciliación
Como se señaló anteriormente, las familias monoparentales se han visto gravemente afectadas durante esta crisis, con el cierre de centros educativos y la habitual dificultad en materia de cuidados y corresponsabilidad a las que estas familias están expuestas. En España, existen algo más de 1.887.00 familias monoparentales, de las que casi un 82% están encabezadas por mujeres.
Estas familias monomarentales cuentan con una plataforma de representación de sus demandas que se ha reunido con el Instituto de la Mujer y la ministra de Igualdad, Irene Montero, para visibilizar las necesidades y problemas específicos que estas familias tienen. Así, la Plataforma de Familias Monomarentales (FAMS) expresaba a la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su preocupación ante los efectos de la crisis socioeconómica venida con la pandemia de la COVID-19, cuya incidencia es aún más grave en estas familias monomarentales.
La ministra de Igualdad, a su vez, ha reconocido que “ahora más que nunca son necesarias las políticas públicas que protejan los cuidados y la conciliación”. En este sentido, Beatriz Gimeno ha expresado “el compromiso del Instituto de la Mujer con estas familias y con la diversidad en el modelo familiar, pues somos conscientes de su precariedad, de su pobreza y del mayor impacto de la crisis en ellas”.
Una de las mayores preocupaciones de este colectivo es la conciliación de la vida familiar y laboral, expresamente en un contexto de cierre de centros educativos y teletrabajo, que se hace enormemente difícil. Por ello, reivindican una mayor corresponsabilidad institucional con respecto a los cuidados, teniendo especialmente en cuenta su situación. Ambas responsables del ministerio han asegurado que estudiarán de forma específica sus circunstancias.
Fuente original: https://amecopress.net/
