Autora: Ana Cruz Urbina
Un rastro de sangre a la orilla del río ayudó a guiar a la madre hasta los cuerpos de sus hijas. El presentimiento de que “algo malo” había pasado, luego de algunas horas sin estar junto a ellas, fue creciendo hasta que encontró a sus hijas de 10 y 12 años, degolladas y una de ellas con señales de haber sido violada.
El asesinato de las menores ocurrió el sábado, 12 de septiembre, en la comunidad Lisawe, jurisdicción de Mulukukú, en el Caribe Norte de Nicaragua. La madre de las dos niñas denuncia, en medio de la indignación e impotencia, que el sujeto Rosario Soza Centeno, presentado por la Policía el domingo, 13 de septiembre, como el autor del crimen, mandó a decirle con las menores que regresara a su casa, porque él debía salir a cobrar un dinero y fue ahí que aprovechó para asesinar a sus hijas.
“Me mandó a decir que me apurara, entonces, como se iba a ir yo me (fui) vine ligera (rápido)… Solo dicen que se trepó ahí, dio la vuelta a llevarse por monte a las niñas y sin discusión y sin nada me las degolló”, denunció la madre de ambas menores en declaraciones a medios de comunicación locales.
La mujer, en medio de lágrimas y sollozos, dijo tener la esperanza de que el asesino de sus hijas “no salga libre”.
“No me quiero dar cuenta que ese hombre ande libre. A mis niñas no las voy a ver a jamás y no sé qué haría si lo veo libre”, sentenció.
Policía promueve impunidad
El temor de esta madre es que la Policía, al igual que ha hecho con femicidas que han recibido beneficios de “convivencia familiar”, según denuncias de organizaciones de mujeres, un día deje libre al asesino de sus pequeñas, pues en dos ocasiones intentó denunciar violencia sexual en contra de la niña de 12 años y “no me escucharon”.
Ella, denuncia la madre, fue violada en dos ocasiones –cuatro años atrás– por dos de sus parientes. La Policía, según la progenitora de la menor, conocía de ambos casos, pues fue a denunciarlos, pero estos no investigaron y dejaron ambas agresiones en la impunidad, pues los agresores “siguen libre”.
“Dos veces me la violaron a la pobrecita, mire, yo ponía denuncia y no me escuchaban… Una vez solo agarraron los trapos y ahí se pusieron a investigarme, como si yo era la de la culpa. Les dije (a los Policías) que lo espiaran porque un día se podía ir y dicen que se fue, es hoy y todavía no lo buscan”, denuncia.
“Cifras oficiales no dicen la verdad”
Diariamente, a través de las redes sociales se evidencia el incremento de la violencia contra la mujer. Niñas desaparecidas o violadas, adolescentes asesinadas con brutalidad, mujeres violentadas por sus parejas y testimonios sobre el abuso sexual pueden leerse desde distintos perfiles personales, activistas y de medios de comunicación. Sin embargo, la violencia sexual desde las cifras del Estado de Nicaragua es otro mundo, pues las denuncias y delitos tienen una tendencia a la baja.
Una base de datos construida por LA LUPA a partir de informes del Instituto de Medicina Legal, Policía y Poder Judicial, del 2017 al 2019, revela que las denuncias por algún tipo de violencia sexual han disminuido casi al mismo ritmo que los delitos. Sin embargo, defensoras de los derechos de las mujeres y de víctimas de violencia sexual concuerdan en que estas cifras son “irreales”, pues distan mucho de la realidad que ven a diario desde las organizaciones, donde trabajan con mujeres que, precisamente han sufrido algún tipo de violencia sexual.
En 2017, según el informe anual de la Policía, se registraron un total de 35 delitos sexuales por cada 100 mil habitantes. En total, registraron 1138 denuncias, de las cuales aseguran que 1081 quedaron resueltas. Sin embargo, el total de delitos contra la libertad e integridad sexual, según la institución castrense, fue de 2195.
Entre los delitos contra la libertad e integridad sexual, registrados por la Policía, se encuentran: violación a menores de 14 años (441), violación (396), violación agravada (301), abuso sexual (799), estupro (205) y acoso sexual (33).
En contraste, en 2018 hubo 25 delitos sexuales por cada 100 mil habitantes, es decir, 10 menos que el año anterior, según el informe presentado ese año por la institución castrense.
Además, reportaron solo 902 denuncias por algún tipo de violencia, de las cuales 827 indican que quedaron resueltos. Aunque en 2018 hubo menos denuncias, en realidad se resolvieron menos casos, pues quedaron 75 casos no resueltos y el año anterior solo fueron 27.
En 2018, al igual que las denuncias, los delitos contra la libertad e integridad sexual también bajaron, según la Policía.
Cabe mencionar que, durante ese primer año de protestas sociales contra el régimen de Ortega muchas mujeres, según denuncias públicas en medios de comunicación, fueron abusadas por sujetos armados afines a la dictadura Ortega-Murillo. No obstante, la institución refiere –en su informe anual– que solo registraron 1596 delitos contra la libertad e integridad sexual, es decir, 599 casos menos que en 2017.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó la violencia sexual como una táctica de tortura durante la “Rebelión de Abril”, así sentenció el Tribunal de Conciencia: “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua” que se realizó en Costa Rica.
Los delitos con mayor prevalencia en el caso de la violencia sexual durante 2018, según el informe policial, fueron abuso sexual (509), violación a menores de 14 años (383), violación (275), violación agravada (244), estupro (139) y acoso (30).
A su vez, en 2019 la disminución de los casos de violencia sexual, según el anuario de la Policía, continuó bajando, reportando así solo 945 denuncias por violaciones, de las cuales apuntan resolvieron 871. Es decir, la institución dejó nuevamente más de 70 denuncias sin resolver.
La Policía además reportó, en 2019, un aumento en delitos contra la libertad e integridad sexual, colocándolos en 2105 delitos, es decir, 509 más que en 2018.
Lorna Norori, coordinadora del Movimiento Contra el Abuso Sexual, señala que, contrario a lo que dicen las cifras oficiales, en las organizaciones que velan por las víctimas de abuso sexual “no están viendo que disminuyan” los actos de violencia sexual.
“Lo que yo te puedo decir es que las organizaciones no han reportado una disminución, sino que está incrementando”, denuncia.
Norori, especialista en temas de abuso sexual, explica que este incremento de la violencia sexual, que advierten las organizaciones, tiene lógica ante la situación que atraviesa el país.
Desde hace dos años y medio se vive en Nicaragua una crisis sociopolítica auspiciada por el régimen de Daniel Ortega y, sumado a esto, en 2020 se continúa enfrentando la pandemia de la COVID-19, que tiene más de seis meses de afectar la vida de los nicaragüenses. Ambos factores, indica la defensora, vienen a incrementar la condición de mayor riesgo para lasniñas y adolescentes.
“El abusador, obviamente, ahora tiene más posibilidades para cometer el delito”, advierte.
Violaciones contra niñas incrementa
Las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal respaldan lo indicado por Norori, ya que, en los últimos tres años los peritajes por violencia sexual se han practicado en su mayoría a niñas de entre 0 y 17 años.
En 2017, el IML practicó 4867 peritajes por violencia sexual, siendo 3433 practicados a mujeres, niñas y adolescentes. En total, detalla el anuario de 2017, 2005 niñas en un rango de edad entre 0 y 12 años fueron sometidas a la revisión de los peritos de Medicina Legal por situaciones vinculadas a violencia sexual.
El IML, al igual que la Policía, reporta una disminución en los peritajes por violencia sexual. En 2018, revela el anuario de Medicina Legal, realizaron 4085 peritajes, de los cuales 2822 fueron a niñas entre 0 y 17 años.
Aunque en 2018 los peritajes se redujeron frente al año anterior, en 2019 los peritajes volvieron a aumentar. El IML reporta 4564 peritajes por violencia sexual, es decir, 479 más que el año anterior.
Sin embargo, las cifras del IML no concuerdan con el número de denuncias recibidas por la Policía y, tampoco, con el número de delitos contra la libertad e integridad sexual, pese a que el Instituto trabaja con más de 90 por ciento de casos referidos por la Policía. Norori explica que este vacío entre ambas cifras pude tener un trasfondo, desde la Policía, de minimizar la violencia contra la mujer.
Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, asegura que la diferencia entre las cifras, no solo entre el IML y la Policía, sino con las mismas organizaciones que reportan un aumento en la violencia sexual, se debe a que el régimen de Daniel Ortega “intenta demostrar a nivel internacional que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, incluso, reportando menos femicidios”.
Sin acceso a la justicia
“Nosotros en cifras con el Estado nunca vamos a coincidir porque el objetivo principal de ellos es mostrarse a la comunidad internacional como un país seguro, un país seguro para las mujeres, cuando no es un país seguro desde hace muchos años”, afirma.
Contrario a esto, advierte Flores, los casos de violencia sexual “cada día van en aumento, cada día son más niñas abusadas, más mujeres encontradas en los caminos asesinadas y la impunidad promovida por el Estado sigue reinando en el país”.
Agrega a demás que, como en el caso de la madre de las niñas asesinadas en Mulukukú, hay muchas mujeres han puesto las denuncias y “no les hacen caso, no los resuelven, no los investigan y, luego, el resultado son más mujeres asesinadas”.
El anuario 2018 del Poder Judicial refiere que durante ese año resolvieron 8648 casos, de los cuales el 43 por ciento provenían de juzgados especializados en violencia. Sin embargo, del total de casos resueltos -refiere el informe- el 62 por ciento terminó en sentencia de sobreseimiento, 23 por ciento por auto resolutivo y solo el 10 por ciento tuvo una sentencia condenatoria y el 4 por ciento tuvo una sentencia absolutoria.
Los tipos penales con mayor frecuencia, según el ingreso y resolución de causas en temas de violencia que refiere el informe de 2018, son por incumplimiento de los deberes alimentarios, intimidación o amenaza contra la mujer, violencia psicológica, abuso sexual, violación a menores de 14 años, violencia física, violencia agravada y violencia intrafamiliar.
El Poder Judicial, revela el anuario, que de los 357 casos ingresados en 2018 por abuso sexual solo se resolvió 259, es decir, el 27.5 por ciento de las causas quedaron sin resolver.
Norori señala que parte de la responsabilidad de la no resolución de las denuncias es porque la Policía “no está siendo para nada una instancia alternativa para la población en términos de buscar cómo acceder a justicia”.
La experta señala además que la disminución de la denuncia también corresponde a que la “población no está llegando hasta la Policía porque en primer lugar tiene mucho miedo y, en segundo, porque la gente no tiene ninguna confianza de que les van a dar alguna respuesta”.
La coordinadora del Movimiento Contra el Abuso Sexual culmina señalando que las familias tampoco tienen “ninguna expectativa de que van a acceder a la justicia porque no hay garantías, porque ven lo que ha ocurrido con otros abusadores que son liberados, porque ven que no se actúa ante las denuncias, porque ni siquiera hay seguridad ciudadana afuera, porque la Policía no actúa como debería, porque en realidad no existe una Policía que esté en favor de la ciudadanía”.
