Autora: Carmen Quintela
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicó un estudio en el que evidencia el impacto de los embarazos en niñas y adolescentes en la educación y en el desarrollo laboral de las mujeres. Los resultados del análisis muestran las brechas a las que se enfrentan las mujeres por haber tenido embarazos y partos a temprana edad.
Una mujer guatemalteca que vivió un embarazo cuando era niña o adolescente no tiene las mismas oportunidades educativas ni laborales que otra que tuvo una infancia y adolescencia sin esta carga. Estos datos se obtienen luego del análisis de la información demográfica de Guatemala, que registra cada día más de 300 embarazos en niñas y adolescentes.
UNFPA presentó hace unos días un estudio titulado “Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente”. La investigación estuvo a cargo de la consultora Sucely Marleny Donis Bran y Alejandro Silva Rodríguez, Oficial de Programa de Salud del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Guatemala. Donis y Silva realizan un análisis del impacto que tienen los embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años en su educación y en su desarrollo e ingresos laborales.
El estudio tomó para este trabajo los datos de 2,170,577 mujeres, hoy adultas, de entre 20 y 36 años que fueron madres, según registró el Censo Nacional de Población y Vivienda. Estas mujeres se dividieron en tres grupos: las que tuvieron un embarazo durante la adolescencia, las que lo tuvieron entre los 20 y 29 años y las que lo tuvieron con más de 30 años.
Los datos del Censo se cruzaron con información de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 para calcular el impacto de estos embarazos en la adolescencia sobre la dimensión educativa.
Según recoge el estudio, en los 383,223 nacimientos ocurridos en 2017, el 19% de las embarazadas fueron niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. El 1% (2,004) de las madres tenían entre 10 y 14 años, con lo que estos embarazos se consideran, legalmente, producto de una violación.
Las trayectorias educativas de estas niñas y adolescentes, que hoy son adultas, explica, se diferencian notablemente con las de las mujeres que vivieron sus embarazos en edad adulta: el 63.6% de las madres adolescentes sólo tiene educación primaria, el 34.3% educación secundaria y media y únicamente el 2.1% tiene estudios universitarios.
En cambio, de las mujeres que fueron madres a partir de los 20 años, el 41.2% tiene educación primaria, casi la mitad (el 49.8%) logró educación secundaria y el 9% alcanzó estudios universitarios.
Solo el 0.5% de mujeres que fueron madres durante la adolescencia terminó la universidad y el 0.2% alcanzó un postgrado. Los porcentajes suben a 3.1% y 0.8% en el caso de madres adultas.
El estudio explica que este nivel de estudios influye en el nivel de ingresos de las mujeres. “El ingreso de las mujeres que cuentan con formación a nivel de postgrado resulta siete veces mayor que el de quienes cuentan con educación primaria. Las mujeres con educación primaria reciben como ingreso solo el 68.5% de los ingresos que perciben con educación secundaria y un 27% de lo que reciben las mujeres con educación universitaria completa”, indica.
Con estos datos, el estudio estima que las brechas representan para el país una pérdida anual de Q436.1 millones. Esto se proyecta de los ingresos que recibirían las mujeres que fueron madres durante su niñez y adolescencia, si hubieran vivido sus embarazos durante su edad adulta.
Tomando en cuenta la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, los ingresos anuales de las mujeres que tuvieron hijos siendo adolescentes es un 29.2% menor a los de quienes fueron madres adultas. El ingreso laboral anual medio de las primeras fue de Q22,608 mientras que el de las segundas fue de Q29,215. Al hacer la suma total, la pérdida por esta brecha de ingresos asciende a Q1,177.5 millones.
Además, UNFPA suma a esta cifra el monto que el Estado deja de recaudar anualmente por la disminución de ingresos: Q148,045,168 millones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Otro de los cálculos tiene que ver con la participación en el mercado de trabajo remunerado: la tasa de inactividad laboral de las madres adolescentes es de 76.2%, mientras que la de las madres adultas es de 67.2%.
“Las evidencias demuestran que una adolescente madre no tendrá las mismas oportunidades a lo largo de la vida para la inserción en el mercado laboral y por ende para una independencia económica”, explica el estudio. Esto implica que las mujeres sean más dependientes e inactivas laboralmente, y “las ubica principalmente en el rol de cuidadora dentro de los hogares de forma involuntaria, con mayor probabilidad de ubicarse dentro del trabajo informal y con escaso o nulo acceso a la seguridad social”.
El costo sanitario
El estudio hace también cálculos de lo que el Estado invierte en los embarazos y partos en adolescentes. “El embarazo, la gestación y el parto en la adolescencia involucra riesgos médicos superiores a los que está expuesta una mujer adulta”, explica el documento.
UNFPA indica que, según información del Sistema Gerencial de Salud del Ministerio de Salud Pública, en 2018 se atendieron 187,211 casos relacionados con embarazos en menores de edad y 74,373 partos de niñas y adolescentes. De estos últimos, 53,623 fueron partos espontáneos. El estudio indica que cada uno de estos tiene un costo de Q613, lo que equivale a un gasto total de Q32.9 millones.
En los cálculos, el Fondo de Población concluye que en 2018 se destinaron Q 166,695.519 millones en servicios públicos de salud para cuidados prenatales, partos espontáneos y cuidados de rutina de recién nacidos en embarazos y partos de niñas y adolescentes. Esto representa el 2.01% del presupuesto ejecutado por el Ministerio de Salud durante este año.
Aun así, aclaran las autoras, la cifra puede ser mayor, ya que los datos oficiales no incluyen costos asociados como la asistencia psicológica, el transporte o los medicamentos.
Además, añaden que tampoco se logró́ una cifra oficial, según datos del Ministerio de Finanzas Publicas, del costo unitario de complicaciones obstétricas como los partos prolongados, las rupturas de membranas antes del parto, hemorragias, sepsis, eclampsia o preclampsia, ni de otras afecciones de la maternidad como la infección del tracto urinario o las mastitis.
