Marvin Mayorga Norori
Psicólogo forense, Universidad Centroamericana (UCA)
Managua, Nicaragua
La violencia estructural no permite que las sobrevivientes pidan ayuda y justifica la inoperancia estatal e institucional en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
En el presente ensayo abordaremos los aspectos teóricos de la violencia estructural, analizando las consecuencias y factores psicosociales que no permiten que las sobrevivientes de la violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial, institucional, etc.) obtengan ayuda, así como el ciclo de la violencia; y los factores que justifican la inoperancia estatal e institucional hacia las mujeres y las niñas. El binarismo de género aporta desde sus raíces a las causas de la violencia estructural.
El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) donde el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social. La utilidad del término violencia estructural radica en el reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos materiales-sociales, también es útil para entender y relacionarla con manifestaciones de violencia directa, por ejemplo: cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la fuerza o de violencia cultural (legitimando las formas de violencia), como el racismo, sexismo, clasismo o eurocentrismo).
Popularizada por el sociólogo noruego Johan GALTUNG, la violencia estructural es una ampliación semántica de la palabra violencia, cuyo objetivo es mostrar que su amenaza está presente de manera institucional incluso cuando no hay violencia visible. La violencia estructural es equivalente a injusticia social, es decir, cuando instituciones o estructuras sociales dañan a ciertas personas, o grupos de personas impidiendo que se desarrollen y consigan cubrir todas sus necesidades. La violencia estructural impediría que se alcanzase la igualdad entre los ciudadanos. Ciertas estructuras sociales (ya sean económicas, políticas, culturales, médicas o legales) pueden tener un impacto muy negativo sobre algunos grupos o comunidades concretas. Así, problemas como el clasismo, el sexismo, el nacionalismo o el racismo serían resultado de esta violencia estructural. Galtung se refería a la causa subyacente de la diferencia entre el potencial de las personas y los resultados reales que obtienen en las distintas áreas de su vida. Por otra parte, la violencia estructural causa daños muy reales a las personas que la sufren. Este concepto está en la base de muchos de los movimientos que buscan la igualdad y justicia social entre distintos grupos.
Las normas sociales y culturales de género, propician muchas formas de violencia; además ciertas instituciones económicas y jurídicas, afectan a diferentes grupos de personas de manera distinta, ciertas minorías o grupos menos favorecidos se convierten en víctimas de discriminación, en el sentido de que no pueden acceder a los mismos recursos o posiciones que los demás. Uno de los ejemplos más claros se produce si nos fijamos en las diferencias de poder adquisitivo: las personas de clases sociales más altas tienen acceso a todo tipo de recursos y beneficios; mientras que aquellas con una economía menos fuerte generalmente deben conformarse con servicios de una menor calidad.
La violencia estructural impide o dificulta alcanzar los derechos humanos.
Muchos autores, como la especialista Roxana Arroyo (LA NACION CR, 2016) refiere que se ha naturalizado la convivencia en la desigualdad en el caso de las mujeres y las niñas, este tipo de violencia consiste en un abuso de poder normalizado por el estado que afecta sus vidas y sus derechos. La violencia estructural es la base de las dificultades que tienen algunos grupos, principalmente las mujeres y las niñas, para satisfacer algunas de sus necesidades básicas: supervivencia, bienestar, identidad o libertad debido a la estratificación social, mediante la cual algunas personas son vistas como más válidas o con más derechos que otras. Aquellos que están en los escalafones más bajos de la sociedad no pueden conseguir cumplir sus objetivos ni desarrollar su potencial. Normalmente, se asocia la violencia estructural a un conflicto entre dos o más grupos, siendo uno de ellos el poseedor de la mayoría de recursos y por lo tanto dificultando el acceso del otro a todo tipo de bienes y servicios.
El origen ideológico y cultural de la violencia de género.
Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas, explica que la violencia de género es estructural e ideológica, (Alarcón, 2001) se sustenta en la cultura y la tradición y se basa en la superioridad y el desprecio hacia una víctima que se considera inferior. Las violaciones sintetizan todas sus pautas a través de dos ejes: el poder (que ejerce el violador) y la culpa (que aparece casi siempre en las mujeres violadas). Aclarar el origen y motivaciones de la aparentemente irracional violencia de género será fundamental para ponerle fin, ya que esto sólo se logrará mediante la lucha ideológica, la destrucción de los mitos y la educación en la igualdad.
En la actualidad, nuestra sociedad ofrece un panorama de violencia que alcanza límites estremecedores. Los expertos consideran que la violencia se origina y fomenta desde la propia sociedad o, mejor dicho, desde su lado más oscuro: desarraigo, miseria, pobreza cultural, descomposición de valores, etc. Ésta es una realidad incuestionable, que se puede aplicar a las diferentes formas de violencia que se dan en nuestro mundo y que responden, en muchos casos, a los desarreglos sociales del último milenio. No obstante, la violencia que sufren las mujeres responde a otras motivaciones. Determinadas condiciones sociales pueden desencadenarla o aumentar su virulencia, pero su origen está en los pilares más profundos de nuestra cultura. Una cultura sexista configurada por y para el varón, en la cual perviven los mitos que sustentan la primacía del hombre sobre la mujer. Simplificando exhaustivos estudios de la historia, se puede decir que la violencia que sufren las mujeres se produce por el hecho de ser mujer.
Es lo que se define como violencia de género, entendiendo por género toda la carga cultural que perfila y configura las categorías hombre/mujer y los socializa de una determinada manera. Mientras la definición “sexo” hace referencia a las diferencias biológicas, marcadas por la naturaleza, el género recoge el mito cultural, la tradición y una cerrada ideología que otorga a la mujer un perfil de fragilidad extrema, corta inteligencia y todo tipo de incapacidades. Este mito, que en principio dio origen a la división del trabajo, propició después un modelo de relación asimétrica entre los sexos y, durante siglos, ha ido conformando la idea de mujer dependiente del varón (protector cuando el discurso es patriarcal), o la de mujer controlada y sometida (cuando el discurso es abiertamente de poder). Basta una breve mirada desde el Génesis a la Torá judía, pasando por Pablo de Tarso, el Corán, las mitologías, así como la literatura y la pintura, para descubrir ejemplos que justifican o enaltecen la violencia contra la mujer.
La teoría del triángulo de la violencia, desarrollada también por Galtung, explica la aparición de conflictos de todo tipo dentro de las sociedades avanzadas. Según este sociólogo, la violencia visible es una pequeña parte dentro de un sistema que la legitima indirectamente. Así, la violencia directa (la que implica comportamientos y actos violentos) estaría provocada por otros dos tipos, que son la violencia cultural y la estructural. La estructural es la más invisible y difícil de detectar, ya que las estructuras que impiden la persecución del propio bienestar no serían visibles. Por otro lado, la violencia cultural incluye otras formas de violencia como las presentes en arte, la ciencia, la técnica, los medios de comunicación, la filosofía, el deporte, las leyes o la religión que legitiman los otros dos tipos de violencia y nos permiten racionalizar los actos contra un grupo concreto como algo normal o naturalizarla.
Por lo anterior, observamos que las mujeres y las niñas viven diversos tipos de violencia, de forma directa o indirecta que afecta sus vidas, su salud física y emocional, afecta sus dimensiones sociales y espirituales porque afectan su cuerpo, su sexualidad, su maternidad, etc. No es fácil que una madre acepte que su hija ha vivido algún tipo de violencia por alguien que dice que la ama, le crea confusión.
El Ciclo de la Violencia que planteó teóricamente Leonor Walker y que ampliamente se ha documentado en las salas de atención clínica en todo el mundo, nos permite explicar cómo este comportamiento se convierte en una espiral que escala hasta niveles tan íntimos que las víctimas se disocian de la realidad para sobrevivir, y que las expone a riesgos suicidas, depresivos, hipervigilancia, insomnio, trastornos alimenticios, disociativos/emocionales que las llevan a la muerte.
El Ciclo de la Violencia (Leonor Walker)
Esta investigadora ampliamente reconocida, refiere que las mujeres agredidas no están siendo constantemente agredidas ni su agresión es infligida totalmente al azar. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en las entrevistas que realizó durante muchos años para sus estudios sobre éste tema, fue el ciclo definido de agresión que estas mujeres experimentan. La comprensión de este ciclo es muy importante si queremos aprender cómo detener o prevenir los incidentes de agresión. Este ciclo también ayuda a explicar cómo llegan a ser víctimas las mujeres agredidas, cómo caen dentro del comportamiento de invalidez aprendida, y por qué no intentan escapar.
El ciclo de la agresión parece estar compuesto de tres fases distintas, las cuales varían en tiempo e intensidad, para la misma pareja y entre las diferentes parejas. Estas fases son: 1) la fase dee tomará a una pareja para completar aumento de tensión; 2) la explosión o el incidente agudo de agresión; y 3) el respiro lleno de calma y de cariño. Hasta el momento, no he sido capaz de estimar por cuánto tiempo permanecerá una pareja en cualquiera de las fases, ni tampoco puedo predecir cuánto le tomara a una pareja completar un ciclo.
Hay evidencia de que eventos circunstanciales pueden influir sobre la duración del ciclo. Al examinar algunas relaciones que han durado 20 o más años, éstas indican que pueden ocurrir varios patrones diferentes del ciclo. Estos patrones tienden a corresponder con las diferentes etapas de la vida. También hay alguna evidencia de que ciertas intervenciones de tratamiento tienen más éxito si ocurren en una fase determinada más que en otra.
En Nicaragua en 2020, y desde hace muchos años, las mujeres violentadas que logran pedir ayuda, se encuentran atrapadas en instituciones estatales que las re-victimizan con actitudes de no creerles, de minimizar su denuncia, o simplemente no hacer nada con su caso (IEEPP, 2017). Muchas veces la ruta de atención a las víctimas de violencia, conocida como Ruta crítica, es un “calvario”. Si entra por el Ministerio de Salud, sea en emergencia o en otra especialidad (ginecología, psicología, neurología, psiquiatría, etc) debe pasar un proceso burocrático, lento y puedo asegurar intimidatorio por el personal de salud. Personal médico y de enfermería no siguen el protocolo establecido, tampoco hay capacitaciones después de las reformas a la Ley 779. En el caso del MINSA, el director/a de centro u hospital es el encargado por la ley para interponer la denuncia. No existen datos al respecto en los sitios oficiales de MINSA.
Si la violencia es identificada por el Ministerio de Educación (caso de cientos de niñas abusadas y embarazadas), el proceso que se observa es sacar a las niñas de sus grupos y pasarlas a grupos en fines de semana o por encuentros, no hay investigaciones, no hay denuncias, no hay seguimiento del caso de abuso sexual. En todo caso el director o directora del centro está obligado a interponer la denuncia ante la Policía Nacional, sin embargo, esto no es lo que se realiza. Por otra parte, en el caso de violencia por acoso en las escuelas, la consejería escolar conlleva un modelo de reforzamiento de valores que busca disminuir el acoso o bulling. No existen estadísticas ni datos asociados a este tipo de violencia (ni abuso, ni acoso) en los sitios oficiales del Ministerio de Educación.
Si la violencia es identificada dentro de los casos en el Poder Judicial (divorcio, pensión alimenticia, familia, narcotráfico, etc) ésta debe ser denunciada aparte. Los estudios de jurisprudencia en casos de violencia no arrojan información que apoye la violencia hacia las mujeres y las niñas como un agravante, por el contrario hay casos como el de Fátima Hernández Vs Farrington Reyes (Confidencial , 2011) que no obtuvieron justicia y deben buscar ayuda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para acceder a la justicia, porque en Nicaragua los procesos están viciados.
En los casos de violencia que se han denunciado en redes sociales ocurridos en las instituciones del estado, la denuncia formal se vuelve casi imposible de realizar, ya que el Ministerio de Gobernación que controla la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería y Dirección General de Bomberos, no siguen los protocolos de atención a víctimas ya que las reformas a la Ley 779 sepultaron las normas de cada institución. En todo caso, si la persona víctima de violencia desea poner la denuncia, las instituciones están sin directrices y la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio de la Familia, obliga a la mediación. Dos pequeños relatos en una investigación del IEEPP en 2017 nos muestran:
“En la actualidad el acceso a la justicia se ha debilitado grandemente, no hay comisarías, las denuncias no son tramitadas y todo lo están mandando a mediación o lo quieren resolver con charlas en el Ministerio de Familia, esto es frustrante para mujeres y para las abogadas que no podemos hacer mucho”. (Abogada, entrevista, pág 59). (IEEPP, 2017)
“Yo lo que he podido observar es que a partir de las reformas a la Ley 779 y el desmantelamiento de las comisarías sí se ha agudizado la violencia, porque las mujeres se sienten desprotegidas, porque van a la policía, no las atienden, por la denuncia, por la queja que están dando, sino que las están mandando a su casa y le dicen vaya arréglelo, ese es un problema que lo pueden solucionar o váyase al Ministerio de la Familia”. (Líder, grupo focal, pág 64). (IEEPP, 2017)
Católicas por el derecho a decidir reporta al 9 de marzo de 2020, la suma de 14 FEMICIDIOS en Nicaragua y aseguran que no se está garantizando que las instituciones cumplan con la ley 779 bajo el contexto social y político que se vive en el país. (LA PRENSA Nicaragua, 2020). Las noticias que se leen de cada una de las asesinadas es alarmante, los niveles de violencia física, psicológica y sexual, la inoperancia de las instituciones del estado, la falta de apoyo de las instituciones de deben resguardar la seguridad de las mujeres y las niñas, pero sobre todo la complicidad de los agresores y las instituciones es ampliamente reconocida.
Finalmente podemos observar que en Nicaragua el decreto del MINSA 67-96 y la ley 230 declararon la violencia como un problema de Salud Pública en 1996, y existió un proceso donde las instituciones del estado fueron ampliamente incluidas para que la violencia fuera prevenida, atendida y los agresores fueran enjuiciados de forma que las víctimas sintieran que el estado estaba comprometido a respetar y garantizar su derecho a vivir sin violencia. La Ley 779, “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”, (aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 22 de junio de 2012, entró en vigencia un mes después). Fue reformada, también casi unánimemente para, entre otras cosas, incluir en ella la figura de la mediación, el 25 de septiembre de 2013, apenas un año y tres meses después de su aprobación. (Solís, 2013)
El estado de Nicaragua ha contribuido a que la violencia estructural (que se sustenta en el accionar de las instituciones civiles, policiales y militares de un estado) esconda los niveles de complicidad de las personas que supervisan o ejecutan las directrices y leyes que garantizan a las mujeres vivir sin violencia. La violencia estructural permite que la inoperancia de las instituciones no sea cuestionada, que no sea denunciada su falta de ética y la poca eficiencia para responder con celeridad en los debidos procesos. Muchos estudios nacionales e internacionales han denunciado esta ineficacia e ineficiencia del estado de Nicaragua para solucionar esta pandemia calificada como un problema de salud pública desde el 1993, cuando la OMS/OPS emitió la Resolución (CD 37/19) que reconoce la violencia contra las mujeres e intrafamiliar como un problema importante de salud pública y de derechos humanos.
Bibliografía
Alarcón, T. (2001). El origen ideológico y cultural de la violencia de género. Revista Papeles #73.
Confidencial . (Nov de 2011). Confidencial. Revista Nicaragua. Obtenido de https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/5446/caso-de-fatima-en-la-cidh
IEEPP. (2017). Violencia contra las mujeres: realidades, desafíos y pistas para el cambio (1a edición ed.). (M. M. Juana Jiménez, Ed.) Managua: IEEPP 2017.
LA NACION CR. (2016). Recuperado el 2020, de https://www.nacion.com/opinion/foros/violencia-estructural-nuestro-pan-de-cada-dia/QFDHCITMFFFDNB6QLOZOFD642I/story/
LA PRENSA Nicaragua. (09 de Marzo de 2020). ¿Qué ha hecho la justicia en los 14 femicidios ocurridos en Nicaragua?
Solís, A. (2013). La Ley 779 tiene una larga historia de lucha y su reforma envía a la sociedad un mensaje muy negativo. Revista Envío, Revista No. 380.