Contexto El Salvador, Centroamérica.

Contexto El Salvador, Centroamérica.

Contexto general de la desigualdad entre mujeres y hombres

Demografía 

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y el más densamente poblado. Con 6.6 millones de personas en 21,000 km2 , las mujeres representan el 53 % de la población total, el 53.5 % de la población urbana y el 52 % de la población rural. En las zonas urbanas existen 87 hombres por cada 100 mujeres y en las zonas rurales, 92 hombres por cada 100 mujeres (ONU-MUJERES, 2020). Esta proporción se ha mantenido en los últimos 10 años.

El Salvador tiene una brecha de género del 71.4%. Con ese porcentaje el país se sitúa en el puesto 68 del ranking de brecha de género, esta brecha ha aumentado respecto a la medición del pasado año, según Word Economic Forum (2023).

Pobreza

El Salvador enfrenta desafíos a la hora de crear oportunidades laborales y generar ingresos que eleven los niveles de vida de la población y aporten seguridad a las familias. De un lado, el trabajo remunerado está vinculado a una estructura productiva muy heterogénea, con casi el 80 % de esta población de mujeres y el 62 % de los hombres ocupada en sectores de baja productividad y con una elevada desigualdad de ingresos, que perturba la calidad del empleo, las remuneraciones y la protección social. De otro, la pobreza monetaria aún afecta al 42.5 % de la población y la pobreza multidimensional al 33.8 % de los hogares.

El país tiene un PIB per cápita de 4,058 dólares y continúa registrando una de las tasas más bajas de crecimiento económico de la región: 2.3 % en los últimos 5 años.

Según el mismo informe de ONU-MUJERES, desde una perspectiva económica y social, las remesas se han convertido en una fuente importante de ingresos y en una alternativa para paliar la pobreza de los hogares salvadoreños, sobre todo de los hogares rurales y aquellos liderados por mujeres.

Salud

La salud sexual y reproductiva incluye el derecho a la interrupción del embarazo de forma segura y legal, uno de los temas más controversiales en este ámbito. El Salvador tiene una de las legislaciones de interrupción del embarazo más restrictivas en el mundo: lo criminaliza en todos los casos e impone penas desproporcionadas a las mujeres y al personal médico. La prohibición absoluta ha propiciado  el encarcelamiento injusto de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos, quienes terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio y condenadas incluso a 40 años de prisión.

Participación económica y trabajo  no remunerado 

Según el informe de ONU-MUJERES (2020) las mujeres salvadoreñas conforman más de la mitad de la población total del país, de la población joven y de la población en edad de trabajar; además, presentan niveles de educación formal más altos que los hombres. Sin embargo, al analizar su tasa de participación económica, se observa que constituye uno de los indicadores con las brechas de género más amplias. A eso se añade que, cuando las mujeres se insertan en los mercados laborales, lo hacen en condiciones más precarias, con menores ingresos y a menudo sin protección social, lo que reproduce el estatus de las mujeres como fuerza de trabajo secundaria. 

La limitada participación económica de las mujeres se explica, en parte, por las tensiones tradicionales entre las funciones productivas y reproductivas, que comienzan a definirse y a diferenciarse desde edades tempranas. De hecho, ellas representan el 80 % del valor del trabajo no remunerado (DIGESTYC, 2017). 

Según Oxfam (2023), a nivel mundial cerca del 40% de mujeres, que ejercen trabajo doméstico remunerado, lo hacen desde la informalidad sin acceso a la seguridad social, corriendo, por consiguiente, un mayor riesgo de vulnerabilidad económica. La informalidad no solamente afecta a los/las trabajadores del hogar remunerados, sino que también a las mujeres que ejercen dicha labor de manera no remunerada. Debido a que al intentar acceder al mercado laboral necesitan flexibilidad en sus horarios para atender los cuidados de sus hogares, terminan accediendo a trabajos precarizados en otras actividades económicas, aumentando la tasa de subempleo femenina.

Participación política 

La paridad política aparece en el derecho internacional y en los consensos regionales adoptados por los Estados en las Conferencias Regionales de la Mujer, sin embargo, en El Salvador, las mujeres se encuentran aún subrepresentadas en los espacios de decisión del Estado, a pesar de superar el 50 % de la población nacional y de conformar cerca del 54 % del electorado (ONU Mujeres y ANDRYSAS, 2018). 

La concepción y el funcionamiento patriarcal de la democracia, que sistemáticamente ha dejado en la periferia y en desventaja histórica a las mujeres y a otros grupos de población, impregna el imaginario individual y colectivo de tal forma que, aunque las mujeres conformen la mayoría del electorado, esta realidad no baste para ampliar los alcances de la mujer en los espacios de toma de decisiones para el país. 

Violencia de género

En los últimos años, se ha posicionado como uno de los países más peligrosos del mundo, con un alto nivel de inseguridad ciudadana que ha aparecido como uno de los más graves de América Latina. La violencia que genera esta situación tiene su origen en múltiples fenómenos como el crimen organizado y el tráfico ilegal, o las maras o pandillas que causan el desplazamiento interno de numerosos grupos familiares (Cristosal, 2017), pero también en los fenómenos relacionados con la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar y la violencia basada en el género. 

Los datos muestran que 1,790,440 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida en El Salvador, lo que representa una prevalencia del 67.4 % en todo el país, del 69.1 % en la zona urbana y del 64.4 % en la rural (DIGESTYC, 2018a).

En los últimos años se han aprobado en el país leyes que suponen un avance muy significativo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Impulsadas por las organizaciones de mujeres y feministas y construidas sobre la base de los estándares internacionales de derechos humanos, son el referente obligado para todas las reformas que se han emprendido en las diferentes esferas de la vida de las mujeres y las niñas. Se trata de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE, 2011), la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV, en vigencia desde el año 2012) y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA, 2009). No obstante, aún perduran marcos legales con limitantes para la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, sobre todo en el ámbito económico y en el derecho a vivir una vida libre de violencia.

 

Referencias

Cristosal (2017). Visibilizar lo invisible. Huellas ocultas de la violencia. Informe de desplazamiento interno forzado por violencia en El Salvador. El Salvador

DIGESTYC (2018a). Encuesta nacional de violencia contra las mujeres 2017. Ciudad Delgado: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Economía. Recuperada de https://onec.bcr.gob.sv/observatorio.genero/docs/ENVCM%2017.pdf

Galdamez, C. (2023). “El Salvador es un país de cuidados. Ingreso básico, reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres, y una reforma no contributiva para las mujeres”. (1a Ed.). FUDECEN y Oxfam.

Latinobarómetro (2018). Informe Latinobarómetro 2018. Santiago de Chile. Recuperado de: www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf

ONU-MUJERES (2020). Perfil de país según igualdad de género. Recuperado de: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/09/Perfil%20de%20pais%20segun%20igualdad%20de%20genero_FINAL-comprimido.pdf

Word Economic Forum. (2023). Global Gender Gap Report 2023. Recuperado de: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf

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La Plataforma Regional Género y Metodologías es un espacio de comunicación e intercambio cuyo propósito es contribuir a fortalecer los procesos de cambio hacia relaciones de género justas y sostenibles en la región centroamericana. La Plataforma es administrada por el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja-Costa Rica.

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